DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

'Salimos huyendo...'

'Viera qué gacho se siente dejar todo allá', dice una de las víctimas que había vivido toda su vida en la sierra; el Gobierno está totalmente rebasado en los altos, asegura la CDDH; proponen 250 millones de pesos para atender este problema

Guillermo Gallardo

Segunda parte

(Publicado en el periódico Noroeste)

Salieron de prisa con la oscuridad de la noche huyendo de sus casas, como si hubieran cometido un crimen.

Tomaron la poca ropa que tenían, la echaron en sus mochilas y apresuradamente se internaron en el monte, para no ser detectados por los grupos criminales que controlan la zona serrana de Sinaloa de Leyva.

Pedro y María forman parte de una de las 17 familias de Potrero de Bernal que tuvieron que “desaparecer” dejando casas, muebles, animales y tierras de cultivo.

“Salimos por el monte, dormimos dos noches en el monte y dos días caminando para llegar a donde había gente, con las mochilas en el hombro... Salimos huyendo”, lamenta María, quien junto con su marido llegaron a Culiacán donde buscan desesperadamente cómo sobrevivir en una ciudad ajena e indolente.

Pero no son criminales, sino víctimas de la violencia y de la ausencia del Estado, de gobiernos que no sólo no les han llevado los servicios indispensables para sobrevivir en sus lugares de origen, sino que los han abandonado a su suerte.

Así como ellos, entre 25 mil y 30 mil personas han dejado sus comunidades para buscar refugio en las zonas urbanas, debido a que los grupos armados han matado a sus familiares, les han quemado sus casas, les han robado el ganado y los han amenazado de muerte.

Pero esta realidad pareciera estar siendo minimizada por el gobierno estatal quien oficialmente sólo tiene registradas mil 147 familias de desplazados, es decir, poco más de 5 mil personas.

Ahora, en la sierra impera un solo gobierno: el de grupos armados ligados a los cárteles del narcotráfico.

“Los de Potrero de Bernal nos vinimos porque nos pusieron condiciones los sicarios y nos destruyeron una tienda que había cerca en la Ciénega de Parra... nos salimos por hambre y miedo”, subraya Pedro, quien pide al Gobierno apoyo para trabajar y subsistir en la capital del estado.

La familia de Pedro no sabe si se va a quedar permanentemente en Culiacán, pero asegura que mientras persista el clima de inseguridad no regresarán a sus hogares.

“No sabemos si vamos a quedarnos o regresar, tenemos la esperanza de que algún día se pongan las cosas bien y podamos regresarnos, porque allá tenemos nuestras tierras donde sembrábamos maíz y frijol”, indica el desplazado.

-- ¿Tienen miedo de regresar?

Pues ese es el problema, por eso decimos que si algún día las cosas cambian y esa gente la pone en paz el gobierno, entonces. Si sigue igual pues no.

Narra que los sicarios los amenazaron.

“Nos amenazaron, que nos fuéramos con ellos o si nos salíamos que ya no volviéramos a nuestras tierras, porque ellos se iban a apoderar de nuestros ranchos y al que regresara lo íban a matar”, denuncia.

-- ¿Qué siente de dejar todo allá?

Viera qué gacho se siente dejar todo allá.

Desde que nací viví ahí y dejarlo de un día para otro... Dejamos gallinas y todo en las casas.

Esa gente (sicarios) salió de un rancho que se llama Sierrita de Germán, ahí cerca, pero cuando se trataba de un jale subía gente de Sinaloa.

Pedro dice que es diferente sobrevivir aquí que cuando vivían allá en su hogar porque no se preocupaban por nada.

“Si no teníamos con qué comer, conseguíamos, es muy diferente. En el monte se consigue comida, pero aquí no”, manifiesta.

Esta es una historia que se repite por miles en los altos de Sinaloa, donde la vida ya no es igual que antes.

Carlos también salió huyendo de San José de los Hornos, en Sinaloa de Leyva.

“Nos vinimos porque llegó una gente, nos quitó todo lo que teníamos, nos quemaron las casas y nos tuvimos que salir de ahí”, lamenta.

Antes tenía un abarrote y una vulcanizadora, negocios con los que mantenía a su familia, pero ahora debe vivir en una casa prestada en Guamúchil junto con su familia y sin trabajo. Todo se quedó en el rancho donde antes vivían 60 familias. Ahora es un pueblo “fantasma”.

“Queremos buscar empleo acá y si nos apoya el gobierno que quite a esa gente, pues nos regresamos, si no, qué vamos a hacer”, expresa.

Hombres, mujeres, niños y adultos mayores viven ahora una pesadilla al ser desplazados por los grupos criminales.

El detonador

Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, expresa que históricamente han habido desplazados de los altos, pero lo que pasó ahora es que explotó en forma masiva por el recrudecimiento de la violencia y la lucha de los narcos por el control de la zona serrana.

“La violencia fue el detonador para que en forma masiva se desplazara la gente hacia las zonas urbanas y lo cierto es que ninguna autoridad estaba preparada para esta explosión”, asegura.

El ombudsman considera este caso como muy delicado y preocupante porque aparte, en las ciudades no tienen las condiciones necesarias para que les respeten sus derechos a la vivienda, educación, salud y trabajo.

“Siempre ha habido abandono, miseria, falta de políticas públicas, es un rezago histórico. Lo ideal fuera que el gobierno creara las condiciones para que la gente se quede allá, pero evidentemente no puede, el Estado está totalmente rebasado”, expone.

Pero además, indica, la gente se está viniendo a sufrir en las ciudades una miseria terrible, por lo que ocupan una atención integral y urgente, no sólo una despensa.

Óscar Loza Ochoa, ex presidente de la CDDH y actual comisionado de enlace con instituciones gubernamentales, dice que en Sinaloa hay zonas de exclusión donde los grupos armados se han adueñado de las comunidades.

“Los grupos criminales han reclamado para ellos los territorios donde realizan sus actividades delictivas y hacen presión para que la gente se salga y esa presión va desde la amenaza, hasta el cumplimiento de esas amenazas, que es matar a las personas, como ya ha sucedido”, agrega.

El Subsecretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Gómer Monárrez Lara, asegura que están atendiendo desde hace dos meses las necesidades de los desplazados, aunque aclara que desconoce si hay condiciones de seguridad para el regreso de las familias a sus hogares.

“Sí ha habido casos de familias que se han regresado sin la aprobación de nosotros. En el caso de la violencia no hemos dado la aprobación de regresar a ciertas comunidades. En algunos casos lo quisieron hacer por su cuenta y ahí no pudimos actuar”, dice en referencia a una familia que fue asesinada el 17 de junio en San José de los Hornos, cuando regresó por sus pertenencias. Tres días después mataron a otros dos.

Asevera que el Gobierno estatal ya está gestando un programa integral para la sierra, aunque no dijo en qué consistiría ni cuándo estaría listo.

El especialista en economía, Carmelo Galindo López, dice que la seguridad se resuelve después de que el Estado cumple con sus tareas, que no se corrompe, que equilibra el gasto público y que está al pendiente de cualquier problema de descomposición social o crisis en gestación.

“El Estado, sea federal o estatal, no debe escudarse en la frase trillada de que la sierra está controlada por el narco. Es una forma cruel de no aceptar su responsabilidad para mandarle al menos 5 mil millones de pesos anuales (del presupuesto) para que los municipios de la sierra construyan presas, invernaderos, caminos, hospitales regionales, escuelas agropecuarias y transportes”, considera.

Proponen fondo de $250 millones

La crisis en los altos llevó a la CDDH a presentar el 17 de mayo al Gobernador Mario López Valdez y al Congreso una recomendación para que se atendiera el problema social de los desplazados por la violencia.

También pidió que el Mandatario solicite al Congreso del Estado un fondo especial de 250 millones de pesos para atender la sobrevivencia de las víctimas de la sierra.

Además, demandó la presentación de un plan emergente y otro de retorno de los desplazados.

“Se recomienda al C. Mario López Valdez, en su calidad de Gobernador del Estado, que ante la emergencia que viven al menos 11 estados del país por el problema de los desplazados, en atención a los protocolos y convenios de Ginebra en situación de conflictos armados prolongados, plantee al Ejecutivo federal solicitar a la Cruz Roja Internacional su apoyo en asistencia humanitaria para los desplazados”, solicitó.

Sin embargo, hasta la fecha no han tenido respuesta.

Mientras los tres niveles de gobierno establecen algunos esquemas de apoyo a cuenta gotas para los desplazados, la sierra sinaloense continúa en manos del crimen organizado, sin que haya esperanzas a corto plazo de que las víctimas puedan regresar con seguridad a sus hogares.

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Nacen los grandes capos

En la sierra sinaloense, principalmente en Badiraguato, se “amasaron” los grandes capos de la droga de México como Eduardo Fernández y Pedro Avilés Pérez, quienes fueron la primera generación de los grandes traficantes. Le siguieron Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Manuel Salcido Uzeta, Amado y Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix, Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como los hermanos Arturo, Héctor, Mario Alberto, Carlos y Alfredo Beltrán Leyva, entre otros.

Con ellos nacieron también los “narcocorridos” que exaltaban la violencia, el tráfico de drogas, la muerte y los “hombres valientes”.

Es este cáncer social del narcotráfico el que contaminó a la sociedad sinaloense, corrompiendo a los gobiernos locales, estatales y federales para mantener el control del tráfico de estupefacientes. A partir de ahí también surgió la “narcoeconomía” o “lavado” de dinero, haciendo crecer a muchas empresas ligadas a los capos.

Recuadro

Pueblos 'fantasmas'

Noroeste publicó un informe de la Secretaría de Seguridad Pública entregado al Congreso del Estado, donde se indica que suman 76 comunidades cuyos habitantes han huido por enfrentamientos entre grupos rivales del crimen.

En Sinaloa

Hay entre 25 mil y 30 mil desplazados por la violencia y la pobreza, aunque el Gobierno del Estado sólo reconoce cerca de 5 mil.

En México

Al menos 230 mil mexicanos han sido obligados a dejar sus hogares para escapar de los enfrentamientos armados. México es uno de los cinco países con mayor número de desplazados por la violencia en América Latina durante 2010.

Fuente: CDDH